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LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

DEL ESTADO Y MUNICIPIOS

 

 

Toluca de Lerdo, México, a

18 de julio de 1994

 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA H. LEGISLATURA DEL ESTADO

 

En uso de las facultades que me confieren los Artículos 59, Fracción II y 88 Fracción I, de la Constitución Política Local, me permito someter a la consideración de esa Honorable Legislatura, por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa de Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, la que se fundamenta en la siguiente:

 

 

ESPOSICION DE MOTIVOS

 

En la toma de protesta como Gobernador del Estado, expresé ante esa H. Soberanía, que Código con el que me propuse gobernar, se inspira en el espíritu republicano y austero de los liberales Juaristas, para actuar con absoluta honradez y exigirla a mis colaboradores.

 

Por otra parte, manifesté mi respeto absoluto al Poder Legislativo y al Poder Judicial, así mismo reitere mi convicción democrática a los ayuntamientos de los Municipios del Estado, solicitándoles a dichos poderes ayuntamientos me ayudarán a gobernar con justicia.

 

En mi primer informe de gobierno, manifesté también a esa honorable soberanía entre otras de las acciones de gobierno a mi cargo, la configuración de un Código de conducta para la administración, que se basará en la honestidad de los servidores públicos, la austeridad en el gobierno que presido y el fortalecimiento del control interno en la propia administración; esto último a través de la creación de la Secretaría de la Contraloría, que anteriormente me permití sujetar a la aprobación de vuestra soberanía.

 

Cabe destacar, que el Gobierno a mi cargo mediante una vinculación estrecha con las políticas nacionales, por lo que ha venido coordinando acciones con el Gobierno Federal, particularmente a través del Convenio Unico de Desarrollo, que propende a la descentralización de la vida nacional, impulsando el desarrollo regional en el Estado y el fortalecimiento de sus Municipios

 

Así también, recientemente en esta administración que presido, se concentraron acciones con la Federación para el fortalecimiento de los sistemas de control y evaluación, y en el mismo contexto para los mismos efectos, con algunos de los Municipios de la Entidad.

 

En este esquema, las acciones de coordinación, emprendidas requieren del Gobierno que me honro en presidir, en renovar los sistemas y mecanismos de control vigentes, que los hagan más congruentes con los existentes en la esfera Federal. Ello permitirá por una parte, facilitar el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de la Contraloría, en el control y fiscalización del gasto público estatal y por la otra, el mejor desempeño de las acciones de coordinación que se han venido instrumentando para la vigilancia del gasto concertado y convenido con la Federación y con nuestros Municipios que se traduzca en un control más adecuado y definido de las responsabilidades de los servidores públicos del Estado y Municipios.

 

La iniciativa que se presenta a vuestra soberanía, se conforma de seis títulos con sus correspondientes capítulos y se ocupa de regular las responsabilidades en el servicio público, particularmente las de naturaleza política y administrativa, remitiendo respecto a las responsabilidades de orden penal o civil o a las leyes de la materia. en su título primero, establece el objeto de la Ley y las materias que regulan, particularmente los sujetos, obligaciones en el servicio público, responsabilidades, procedimientos y sanciones, así como las autoridades competentes en su aplicación.

 

Destacan por su importancia los sujetos de la Ley que se definen con más amplitud respecto de la Ley vigente incluyendo ahora aquellos que manejen o administren fondos y recursos económicos concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus Municipios en los términos anteriormente mencionados.

 

En consecuencia, quedan también incluidos como sujetos de las Ley, quienes participen en los actos u omisiones que originen responsabilidad administrativa en los términos de la propia iniciativa constituyendo una responsabilidad solidaria con los responsables directos y subsidiarios en su carácter de servidores públicos y que en tal virtud, tanto unos como otros quedan obligados al pago de los daños y perjuicios que se causen a la hacienda pública del Estado, o al patrimonio de sus organismos auxiliares y fideicomisos públicos.

 

En estos supuestos, resulta de mayor importancia para el Estado más que sancionar en forma disciplinaria a los servidores públicos y por la imposibilidad que representaría hacerlos a quienes no lo son, aunque participen en los actos u omisiones en que incurren aquellos, el resarcir, reparar o indemnizar los daños y perjuicios que se causen a la hacienda pública; garantizando su recuperación en vía administrativa, por lo que se utilizan instrumentos o mecanismos existentes en la propia administración, en la especie, la facultad económico-coactiva regulada en el código Fiscal del Estado. Ello permitirá una recuperación de recursos públicos, pronta y expedita en vía administrativa, para destinarlos a los fines de gobierno al que están afectados de origen.

 

En su Título Segundo, se regulan con más amplitud las causas de responsabilidad política y el procedimiento del juicio político, particularmente este último, consignado en su capitulado normas de carácter sustantivo y adjetivo o procesal, que definen su distinción con respecto al antejuicio o declaración de procedencia por responsabilidad penal de los servidores públicos con fuero, que en la Ley vigente se confunden, sin considerar que el primero constituye un auténtico juicio, se juzga y se condena en tanto que en el otro, o sea el antejuicio, solo se instaura para retirar el fuero o protección constitucional de ciertos servidores, como inmunidad relativa en razón de sus funciones, para sujetarlos a las Leyes y Tribunales Penales del orden común, sin prejuzgar sobre las conductas relativas.

 

En estos apartados, sobre juicio político y declaración de procedencia o antejuicio, se incluyen algunos principios de orden sustantivo regulando con más amplitud los procedimientos ante la Legislatura del Estado, mismos que se considera sugerir como adecuación en lo conducente a los procedimientos relativos que al respecto se regulan, en el Capítulo XIV, denominado «De la Substanciación de las Acusaciones contra los Funcionarios que gozan de Fuero Constitucional», en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

 

En el Título Tercero, particular relevancia representa la conveniencia de ampliar el esquema de obligaciones o código de conducta de los servidores públicos, para salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia que deben normar sus actuaciones, entre otras, los deberes de esmero y eficiencia, obediencia jerárquica, reserva o secreto de información, trato debido, incompatibilidad, nepotismo y conflicto de intereses. El incumplimiento de dichas obligaciones queda reiterado en la Iniciativa respecto de la Ley vigente, que configura la responsabilidad administrativa que dará inicio al procedimiento disciplinario y la aplicación de sanciones administrativas relativas, con la variante de ahora los órganos competentes serán los que la propia administración, y los que corresponda en los Poderes Legislativo y Judicial como de los Ayuntamientos Municipales.

 

En este sentido, se contempla en la Iniciativa un cambio radical respecto a las autoridades aplicadoras de la Ley ya que su regulación vigente no responde en su integridad al ámbito competencial de los órganos de control, resultantes de la creación de la Secretaría de la Contraloría y sus sistemas y mecanismos de control, en los términos del artículo 38-Bis de la ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y de aquellos resultantes de la coordinación de acciones del Estado con el ámbito Federal y Municipal.

 

En efecto, si bien es cierto que el artículo 38-Bis de la Ley Orgánica citada, establece el perfil de atribuciones de la Secretaría de la Contraloría, también lo es que por lo que toca al control de responsabilidades de los servidores públicos, se le presentan sumamente limitadas, toda vez que el poder disciplinario o sancionador queda reservado en la Ley de Responsabilidades vigente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado.

 

En estos términos y en un esquema modernizador más adecuado a la Legislación Estatal, se pretende constituir a la Secretaría de la Contraloría como órgano Aplicador de La Ley en el campo de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, radicando el poder disciplinario en los órganos de la propia administración, conservando la corresponsabilidad que en esta materia deben tener las dependencias de la Administración Pública respecto de sus propios servidores y aquella que les corresponde en su carácter de coordinadoras de sector, respecto a los servidores de los Organismos Auxiliares y Fideicomisos que le resultan coordinados que podrán conocer e investigar a través de sus órganos de control interno. Para tal fin, se delimitan competencias atendiendo a la naturaleza de las sanciones, pero reservando el campo de actuación de la Secretaría de la Contraloría como dependencia globalizadora en los asuntos que revistan gravedad y trascendencia.

 

En este apartado de la Iniciativa, se conservan las sanciones disciplinarias de la Ley vigente tanto las de naturaleza correctiva como la amonestación y la multa ahora conceptuada como sanción económica, y las de naturaleza expulsivas o depurativas como la destitución e inhabilitación, cuya finalidad persiguen como lo indica su propia naturaleza el retirar del servicio público a los servidores sancionados, reservando la aplicación de la inhabilitación exclusivamente a la Secretaría de la Contraloría.

 

Destaca también, como lo manifesté al inicio de esta exposición, que el respeto a los otros poderes del Estado y atentos a nuestro sistema constitucional de visión de los mismos, se les reserva su campo de aplicación de la Ley al poder disciplinario y sancionador, respecto de sus propios servidores.

 

El mismo criterio a su vez se sigue en esta Iniciativa respecto de los servidores públicos municipales, radicando la aplicación de la Ley y el poder disciplinario o sancionador de los Ayuntamientos como cuerpos colegiados, quienes aplicarán las sanciones a través de sus Presidentes Municipales, cuestión que obedece también al principio constitucional de autodeterminación y libertad municipal.

 

Resulta también como un aspecto relevante y novedoso para la Legislación Administrativa en el Estado, y para sus funciones como contralor, la inclusión de un apartado especial que regula el fincamiento de responsabilidades administrativas de carácter resarcitorio, distintas a las disciplinarias mencionadas con anterioridad, toda vez que buscan reparar o resarcir los daños y perjuicios estimables en dinero, que se causen a la hacienda pública  o al patrimonio de los organismos del sector auxiliar y fideicomisos estatales.

 

Esta especie de responsabilidad se fincará a través de pliegos preventivos por los órganos de control en el ejercicio de sus funciones de inspección, fiscalización o auditoría y su pago quedará garantizado a través del embargo precautorio, mismo que podrá realizarse a través del procedimiento administrativo de ejecución (facultad económico-coactiva del Estado) que regula y establece para los créditos fiscales el Código Fiscal del Estado y sin perjuicio de la calificación o constitución definitiva de esta especie de responsabilidad por parte de la Secretaría de la contraloría que podrá confirmarlas, revocarlas o cancelarlas en su caso, a través de la sustanciación de las formalidades del procedimiento administrativo que para efectos disciplinarios se regula en la propia iniciativa dando oportunidad de audiencia, pruebas y alegatos a los presuntos responsables en respeto a las garantías de legalidad y audiencia que deben privar en todo procedimiento.

 

Con este sistema, se pretenden recuperar o resarcir en forma ágil y oportuna en la vía administrativa, los daños y perjuicios que se causen a la hacienda pública o al patrimonio de los organismos estatales.

 

Se constituye un registro de servidores sancionados, particularmente de inhabilitados, cuya actualización pretende realizarse con la información que remitan los órganos competentes para la aplicación de la sanción de inhabilitación, que además de la Secretaría de la Contraloría por responsabilidad administrativa, lo son también en los términos de la Iniciativa la Legislatura del Estado en los casos de responsabilidad política y de responsabilidad política y de conformidad a la legislación penal del Estado, por responsabilidades de esta naturaleza, los órganos jurisdiccionales o juzgados relativos del Tribunal Superior de Justicia.

 

Congruente con los principios de seguridad jurídica y legalidad, que deben revestir los actos de autoridad con respecto a los gobernados, se regula al efecto como medio de defensa de éstos frente a la autoridad o en su defecto reclamarse en vía de juicio contenciosos administrativo ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, siendo en consecuencia optativa la vía a favor del afectado.

 

En este contexto, y como parte relevante y trascendente a las funciones de la Secretaría de la Contraloría, en congruencia al Artículo 38-Bis de la Ley Orgánica de Administración pública y la Constitución Local, la Iniciativa pretende dar una nueva concepción al sistema actual de responsabilidades, al sustraer el poder disciplinario o sancionador del Tribunal de los Contencioso Administrativo, para depositarlo ahora en la propia administración espetando el que corresponde a los otros Poderes y Ayuntamientos Municipales del Estado aún sin embargo, en este sentido, congruentes con la ley Orgánica del citado Tribunal se le robustece y reserva su campo competencial en los juicios contenciosos administrativos que proceden contra las resoluciones administrativas que impongan sanciones.

 

Se incluye en el Título Cuarto, el registro patrimonial de los servidores públicos, que también dará un nuevo sesgo al sistema actual de la Ley vigente, tanto en los sujetos obligados, como en constituirlo como un medio de control preventivo del enriquecimiento ilícito, superando el esquema actual que solo permite sancionar el incumplimiento de la obligación en los plazos establecidos para considerarlo ahora, como un auténtico y eficaz medio de control preventivo.

 

Se reitera en la Iniciativa, que la presentación de la manifestación de bienes de los servidores públicos del Estado y Municipios, se haga ante la Secretaría de la Contraloría, misma que se llevará el registro y el control de la evolución patrimonial de aquellos, dejando a los otros Poderes y a los Ayuntamientos Municipales, la facultad disciplinaria por un incumplimiento respecto de sus servidores, en la inteligencia por una parte, que dicha información la conserve y registre la propia Secretaría y por otra, respetar el sistema constitucional de división de poderes y autonomía y libertad de los Municipios.

 

En estos términos, las investigaciones y auditorías que procedan respecto a incrementos patrimoniales desorbitados, se dejan a la Secretaría de la Contraloría en el campo de la Administración Central y a los otros Poderes y Ayuntamientos, respecto a sus servidores disponiéndose al efecto, que tanto la primera como los segundos, presentarán las denuncias en su caso al Ministerio Público, por enriquecimiento ilícito previas las declaratorias que correspondan de no acreditarse la procedencia lícita de los incrementos relativos.

 

No es ajeno el ordenamiento que se propone, regular la prohibición de regalos que impliquen conflictos de intereses y reiterar la obligación de declarar en la manifestación anual, aquellos que no se encuentren en tal supuesto, cuando excedan de un valor determinado expresamente.

 

Por último, se incluyen los Títulos Quinto y Sexto relativos a la remoción de Magistrados por mala conducta y de la indemnización con reparación de daños de los servidores públicos, que regula la Ley vigente, por considerarse necesaria su regulación en la ley que se propone.

 

En suma, y atento a las consideraciones y fundamentos expuestos, me permito insertar a continuación el Proyecto de decreto relativo, para que si lo estiman correcto y adecuado, se apruebe en sus términos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ciudadano LICENCIADO IGNACIO PICHARDO PAGAZA, Gobernador del Estado Libre y Soberano de México, a sus habitantes sabed:

 

Que la Legislatura del Estado, ha tenido a bien aprobar lo siguiente:

 

 

DECRETO NUMERO 140

 

La H. “L” Legislatura del Estado de México:

 

D E C R E T A :

 

LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

DEL ESTADO Y MUNICIPIOS

 

TITULO PRIMERO

 

CAPITULO UNICO

Disposiciones Generales

 

Artículo 1.- Esta Ley tiene por objeto reglamentar el Título Séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, en materia de:

 

I. Los sujetos de responsabilidades en el servicio público estatal y municipal;

 

II. Las obligaciones en dicho servicio público;

 

III. Las responsabilidades y sus sanciones tanto las de naturaleza administrativa, disciplinarias y resarcitorias, como las que se deban resolver mediante juicio político;

 

IV. Las autoridades competentes y los procedimientos para aplicar las sanciones;

 

V. Las autoridades competentes y los procedimientos para declarar la procedencia del enjuiciamiento penal de los servidores públicos que gozan de fuero constitucional;

 

VI. El registro patrimonial de los servidores públicos.

 

Artículo 2.- Son sujetos de esta Ley, toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en la administración pública estatal o municipal, en sus Organismos Auxiliares y Fideicomisos públicos, y en los Poderes Legislativo y Judicial del Estado, con independencia del acto jurídico que les dio origen.

 

También quedan sujetos a esta Ley, aquellas personas que manejen o administren recursos económicos estatales, municipales, concertados o convenidos por el Estado con la Federación o con sus Municipios; y aquellas que en los términos del artículo 73 de esta Ley, se beneficien con adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, mantenimientos y construcción de obras públicas, así como prestación de servicios relacionados, que deriven de actos o contratos que se realicen con cargo a dichos recursos.

 

Artículo 3.- Las autoridades competentes para aplicar la presente ley, serán:

 

I. La Legislatura del Estado;

 

II. El Consejo de la Judicatura del Estado;

 

III. La Secretaría de la Contraloría;

 

IV. Las demás dependencias del Ejecutivo Estatal en el ámbito de atribuciones que les otorga este ordenamiento;

 

V. Los Ayuntamientos y los Presidentes Municipales;

 

VI. Los demás órganos que determinen las leyes.

 

Artículo 4.- Los procedimientos para la aplicación de las sanciones a que se refiere esta Ley y las responsabilidades penales o de carácter civil que dispongan otros ordenamientos, se desarrollarán autónomamente según su naturaleza y por la vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que por sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas a quien deba conocer de ellas; no podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.

 

TITULO SEGUNDO

Procedimientos ante la Legislatura del Estado en materia

de Juicio Político y Declaración de Procedencia

 

CAPITULO I

Sujetos, Causas del Juicio Político y Sanciones

 

Artículo 5.- Son sujetos de juicio político los servidores públicos que menciona el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

 

El Gobernador del Estado, durante el ejercicio de su cargo sólo será responsable por delitos graves del orden común y por delitos contra la soberanía del Estado, sin perjuicio de la responsabilidad política que se consigna en los términos del artículo 110 de la Constitución General de la República.

 

Artículo 6.- Es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones de los servidores públicos a que se refiere el artículo anterior, redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales del Estado o de su buen despacho.

 

Artículo 7.- Redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho.

I. El ataque de las instituciones democráticas;

 

II. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo y popular del Estado, así como a la organización política y administrativa de los Municipios;

 

III. Las violaciones graves a las garantías individuales o sociales;

 

IV. El ataque a la libertad de sufragio;

 

V. La usurpación de atribuciones;

 

VI. Cualquier infracción a la Constitución Local o a las leyes estatales cuando causen perjuicios graves al Estado, a uno o varios Municipios del mismo, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones;

 

VII. Las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y

 

VIII. Las violaciones graves a los planes, programas y presupuestos de administración pública estatal y municipal y a las leyes que determinen el manejo de los recursos económicos.

 

No procede el juicio político por la mera expresión de ideas.

 

La Legislatura valorará la existencia y gravedad de los actos u omisiones a que se refiere este artículo. Cuando aquellos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia a la que alude la presente ley y se estará a lo dispuesto por la legislación penal.

 

Artículo 8.- Si la resolución que se dicte en el juicio político es condenatoria, se sancionará al servidor público con destitución. Podrá también imponerse inhabilitación para el ejercicio de empleos, cargos o comisiones en el servicio público desde un año hasta veinte años.

 

CAPITULO II

Procedimientos en el Juicio Político

 

Artículo 9.- El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones. Las sanciones respectivas se aplicarán en un período no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

 

Artículo 10.- Corresponde a la Legislatura del Estado iniciar el juicio político, constituyendo al efecto una sección instructora para sustanciar el procedimiento consignado en el presente Capítulo y en los términos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, la que estará formada por un mínimo de tres Diputados.

 

Las vacantes que ocurran en la sección serán cubiertas por designación que haga la Legislatura del Estado de entre sus miembros o la Diputación Permanente, en su caso.

 

Artículo 11.- Cualquier ciudadano bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá formular por escrito denuncia ante la Legislatura por las conductas a que se refiere el artículo 7º. de esta ley; presentada la denuncia y ratificada dentro de tres días naturales, se turnará con la documentación que la acompañe a la sección instructora, para que dictamine si la conducta atribuida corresponde a las enumeradas por el precepto citado y si el inculpado está comprendido entre los servidores públicos a que se refiere el Artículo 5º, de la misma ley, así como si la denuncia es procedente y por lo tanto amerita la incoación del procedimiento.

 

Las denuncias anónimas no producirán ningún efecto.

 

Artículo 12.- Acreditados los extremos a que se refiere el artículo anterior la sección instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho material de la denuncia; estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado.

 

Dentro de los tres días naturales siguientes a la ratificación de la denuncia, la Sección notificará por vía de emplazamiento al servidor público de que se trate la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá a su elección, comparecer personalmente o a través de su defensor o informar por escrito, dentro de los siete días naturales siguientes a la notificación citada .

 

Artículo 13.- La Sección Instructora, con vista de lo manifestado por el denunciado o transcurrido el plazo al que se refiere el artículo anterior sin que lo hubiere hecho, abrirá un periodo de pruebas de 30 días naturales dentro del cual recibirá las que ofrezcan el denunciante y el servidor público, así como las que la propia Sección estime necesarias.

 

Si al concluir el plazo señalado no hubiere sido posible recibir las pruebas ofrecidas oportunamente, o si es preciso allegarse otras, la sección instructora podrá ampliarlo discrecionalmente en la medida que lo estime necesario.

 

En todo caso, la sección instructora calificará la pertinencia de las pruebas desechándose las que a su juicio sean improcedentes.

 

Artículo 14.- Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciante, por un plazo de tres días naturales y otros tantos al servidor público y sus defensores, con el objeto de que tomen los datos que requieran a fin de formular alegatos, mismos que deberán presentar por escrito dentro de los seis días naturales siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado .

 

 

Artículo 15.- Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento. Para este efecto analizará la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar, en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento.

 

Artículo 16.- Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, las conclusiones de la sección instructora terminarán proponiendo que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho en materia de la denuncia que dio origen al procedimiento.

 

Si de las constancias aparece la probable responsabilidad del servidor público, las conclusiones determinarán los siguientes puntos:

 

I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia;

 

II. Que existe probable responsabilidad del encausado; y

 

III. La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 8º. de esta ley.

 

En tal caso, enviará la declaración correspondiente a la Legislatura, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos.

 

De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren concurrido en los hechos.

 

Artículo 17.- La Sección Instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas al Diputado Secretario de la Legislatura, conforme a los artículos anteriores, dentro del plazo de sesenta días naturales, contados desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar de la Legislatura que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo que se conceda no excederá de quince días naturales.

 

Los plazos a que se refiere este artículo se entienden comprendidos dentro del período ordinario de sesiones de la Legislatura o bien dentro del siguiente ordinario o extraordinario que se convoque.

 

Artículo 18.- Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos precedentes, la Sección Instructora las entregará al Diputado Secretario de la Legislatura o Diputación Permanente, para que le de cuenta al Presidente de la misma, quien anunciará que dicha Legislatura debe reunirse en pleno como Gran Jurado de sentencia y resolver sobre la imputación, dentro de los tres días naturales siguientes, lo que hará saber al Diputado Secretario, para que éste notifique y emplace a la Sección Instructora en su carácter de acusadora, al denunciante y al Servidor Público denunciado, para que

 

aquél se presente por sí y éste lo haga personalmente, asistido de su defensor, a fin de que aleguen lo que convenga a sus derechos.

 

Artículo 19.- El día y hora señalados en los términos del artículo anterior, se iniciará la audiencia respectiva procediéndose de conformidad a las siguientes normas:

 

I. Se instalará la Legislatura con las dos terceras partes de sus miembros cuando menos, erigida en Gran Jurado de sentencia;

 

II. La Sección Instructora se erigirá en órgano de acusación;

 

III. El Diputado Secretario de la Legislatura dará lectura a las constancias procedimentales y a las conclusiones de la Sección Instructora;

 

IV. Acto continuo, se concederá la palabra al denunciante y en seguida al servidor público denunciado o a su defensor o a ambos, para que aleguen lo que a sus intereses convenga.

 

Artículo 20.- Retirados el servidor público y su defensor, así como el denunciante y permaneciendo los diputados en la sección, se procederá a discutir y a votar las conclusiones de la Sección Instructora como órgano acusador, y a probar los que sean puntos de acuerdo que en ellas se contengan.

 

La Legislatura erigida en Gran Jurado de sentencia emitirá la resolución que corresponda.

 

Artículo 21.- Si la resolución es absolutoria, el servidor público enjuiciado continuará en el ejercicio de su función.

 

En caso contrario, la resolución decretará la destitución del cargo y el periodo de inhabilitación en su caso, para el ejercicio de la función pública.

 

CAPITULO III

De la Declaración de Procedencia por Responsabilidad Penal

 

Artículo 22.- Cuando se presente denuncia o querella por cualquier ciudadano bajo su responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, o requerimiento del Ministerio Público, cumplidos los requisitos procedimentales para el ejercicio de la acción penal, a fin de que pueda procederse en la misma vía en contra de los servidores públicos a que se refiere el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se actuará, en lo pertinente, de acuerdo con lo previsto en el capítulo anterior de esta Ley, en materia de juicio político ante la Legislatura. En este caso, la Sección Instructora practicará todas las diligencias conducentes a establecer la probable existencia de delito y la presunta responsabilidad del inculpado, así como la subsistencia de la protección Constitucional o fuero cuya remoción se solicita. Concluida esta averiguación, la Sección dictaminará si ha lugar o no a proceder penalmente en contra del inculpado.

 

Si a juicio de la Sección Instructora la imputación fuese notoriamente improcedente, lo notificará de inmediato a la Legislatura para que resuelva si se continúa el procedimiento o desecha la imputación, sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que los justifiquen.

 

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, la Sección deberá rendir su dictamen en un plazo de sesenta días naturales, salvo que fuese necesario disponer de mas tiempo, a criterio de la propia Sección. En este caso se observarán las normas acerca de ampliación de plazos para la recepción de pruebas en el procedimiento referente al juicio político.

 

Artículo 23.- Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente de la Legislatura anunciará a esta que debe erigirse en jurado de procedencia el día siguiente en que se hubiese entregado el dictamen, notificándolo al inculpado y a su defensor, así como al denunciante, al querellante y al Ministerio Público, quien tendrá intervención en todo caso.

 

Artículo 24.- La Legislatura conocerá en Sesión el dictamen que la Sección Instructora le presente y procederá en los mismos términos previstos por el artículo 19 de esta Ley en materia de juicio político, instalándose la Legislatura como jurado de procedencia .

 

Artículo 25.- Si la Legislatura declara que ha lugar a proceder contra el inculpado, éste quedará inmediatamente separado de su empleo, cargo o comisión y sujeto a la jurisdicción de los tribunales competentes. En caso negativo no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras conserve la protección Constitucional que la norma fundamental del Estado le otorga, pero tal declaración no impedirá que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya dejado de desempeñar su empleo, cargo o comisión.

 

Para proceder penalmente contra el Gobernador, Diputados y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en los términos del artículo 111 de la Constitución General de la República, la Legislatura al recibir de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la declaración correspondiente, procederá conforme a sus atribuciones y en los términos de la Constitución del Estado a declarar si procede la homologación de la Declaratoria del Congreso de la Unión y consecuentemente el retiro de la protección o fuero que la propia Constitución del Estado otorga a tales servidores públicos a fin de ser enjuiciados como legalmente hubiere lugar.

 

Artículo 26.- Cuando se siga el proceso penal a un servidor público de los mencionados en el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, el Diputado Secretario de la Legislatura o de la Diputación Permanente, librará oficio al Juez del Tribunal que conozca de la causa, a fin de que se suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder.

CAPITULO IV

Disposiciones Comunes para los Capítulos

II y III del Título Segundo de esta Ley

 

Artículo 27.- Las declaraciones y resoluciones definitivas dictadas conforme a estos Capítulos por la Legislatura son inatacables por juicio o recurso alguno.

 

Artículo 28.- La Legislatura enviará por riguroso turno a la Sección Instructora, las denuncias, querellas, requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se le presenten.

 

Artículo 29.- En ningún caso podrá dispensarse un trámite de los establecidos en los Capítulos II y III de este Título.

 

Artículo 30.- Cuando la Sección Instructora o la Legislatura deban realizar una diligencia en la se requiera la presencia del inculpado, se emplazará a este para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan. Si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito se entenderá que contesta en sentido negativo.

 

La Sección respectiva cuando se trate de diligencias que deban efectuarse fuera del lugar de residencia de la Legislatura, solicitará al Tribunal Superior de Justicia del Estado que las encomienden al Juez que corresponda para que se practiquen dentro de su Jurisdicción y para cuyo efecto se remitirá a dicho Tribunal Superior de Justicia el testimonio de las constancias conducentes.

 

El Juez practicará las diligencias que se le encomienden al respecto con estricta sujeción a las determinaciones que le comunique el Tribunal en auxilio del Poder Legislativo.

 

Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se refiere este artículo, se notificará personalmente o se enviarán por correo certificado con acuse de recibo, libres de cualquier gasto.

 

Artículo 31.- Tanto el inculpado como el denunciante o querellante podrán solicitar de las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer como prueba ante la Sección respectiva.

 

Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas sin demora y si no lo hicieren la Sección, o la Legislatura a instancia del interesado, señalará a la Autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado, sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra.

 

Por su parte, la Sección solicitará las copias certificadas de constancias que estime necesarias para el procedimiento y si la autoridad de quienes la solicitasen no las remite dentro del plazo discrecional, que se le señale, se le impondrá la multa a que se refiere el párrafo anterior.

 

Artículo 32.- La Sección podrá solicitar por sí o a instancia de los interesados, los documentos o expedientes originales ya concluidos y la autoridad de quien se soliciten tendrá la obligación de remitirlos. En caso de incumplimiento, se aplicará la corrección dispuesta en el artículo anterior.

 

Dictada la resolución definitiva en el procedimiento, los documentos y expedientes mencionados deberán ser devueltos a la oficina de su procedencia, pudiendo dejarse copia certificada de las constancias que la Sección estime pertinentes.

 

Artículo 33.- La Legislatura no podrá erigirse en órgano de acusación o Gran Jurado de sentencia o procedencia en su caso, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público, su defensor, el denunciante o el querellante y, el Ministerio Público han sido debidamente citados.

 

Artículo 34.- No podrán votar en ningún caso los Diputados que hubiesen presentado la imputación contra el servidor público, tampoco aquellos que hayan aceptado el cargo de defensor, aún cuando lo renuncien después de haber comenzado a ejercer el cargo.

 

Artículo 35.- En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y votaciones se observarán en lo aplicable, las reglas que establecen la Constitución del Estado y la Ley Orgánica del Poder Legislativo para discusión y votación de las Leyes.

 

En todo caso, las votaciones deberán ser nominales, para formular, aprobar o rechazar las conclusiones o dictámenes de la Sección y para resolver incidental o definitivamente el procedimiento.

 

Artículo 36.- En el juicio político a que se refiere esta Ley, los acuerdos y determinaciones del la Legislatura se tomarán en sesión pública, excepto en la que se presente acusación o cuando las buenas costumbres o el interés general exijan que la audiencia sea secreta.

 

Artículo 37.- Cuando en el curso del procedimiento incoado a un servidor público de los mencionados en el artículo 131 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se presentare nueva denuncia en su contra, se procederá respecto de ella con arreglo a esta Ley, hasta agotar la instrucción de los diversos procedimientos, procurando, de ser posible, la acumulación procesal.

 

Si la acumulación fuese procedente, la Sección formulará en un solo documento sus conclusiones, que comprenderán el resultado de los diversos procedimientos.

 

 

Artículo 38.- La Sección podrá disponer las medidas de apercibimiento que fueren procedentes mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la Sección respectiva.

 

Artículo 39.- Las declaraciones o resoluciones dictadas por la Legislatura con arreglo a esta Ley, se comunicará al Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad si se tratase de alguno de los integrantes del citado Tribunal; y en todo caso el Ejecutivo para su conocimiento y efectos legales así como para su publicación en la «GACETA DEL GOBIERNO» del Estado.

 

La Legislatura recibirá notificación de las declaratorias de las Cámaras del H. Congreso de la Unión relativa al Gobernador del Estado, Diputados Locales y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Entidad, en los términos de los artículos 110 y 111 de la Constitución General de la República.

 

Artículo 40.- En todo lo relativo al procedimiento no previsto en esta Ley, así como en el ofrecimiento y valoración de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Penales del Estado, asimismo, en lo conducente, las del Código Penal de la propia Entidad.

 

 

TITULO TERCERO

De las Responsabilidades Administrativas

 

CAPITULO I

De los Sujetos

 

Artículo 41.- Son sujetos de responsabilidad administrativa disciplinaria, los servidores públicos y todas aquellas personas a que se refiere el artículo 2 de esta ley.

 

CAPITULO II

De la Responsabilidad Administrativa Disciplinaria

 

Artículo 42.- Para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban ser observadas en la prestación del servicio público, independientemente de las obligaciones específicas que correspondan al empleo, cargo o comisión, todo servidor público, sin perjuicio de sus derechos y deberes laborales, tendrá las siguientes obligaciones de carácter general:

 

I. Cumplir con la máxima diligencia el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de dicho servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión;

 

II. Formular y ejecutar legalmente, en su caso, los planes, programas y presupuestos correspondientes a su competencia, y cumplir las Leyes y otras normas que determinen el manejo de recursos económicos públicos;

III. Abstenerse de causar daños y perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, sea por el manejo irregular de fondos y valores Estatales o Municipales, o por irregularidades en el ejercicio o pago de recursos presupuestales del Estado o Municipios o de los concertados o convenios por el Estado con la Federación, o sus Municipios;

 

IV. Utilizar los recursos que tenga asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, las facultades que le sean atribuidas o la información reservada a que tenga acceso por su función exclusivamente para los fines a que estén afectos;

 

V. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, impidiendo o evitando el uso, la sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización indebidas de aquellas;

 

VI. Observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión tratando con respeto, diligencia, imparcialidad y rectitud a las personas con las que tenga relación con motivo de éste;

 

VII. Observar en la dirección de sus subalternos las debidas reglas del trato con respeto y abstenerse de incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;

 

VIII. Observar respeto y subordinación legítimas a sus superiores inmediatos o mediatos, cumpliendo las disposiciones que éstos dicten en el ejercicio de sus atribuciones;

 

IX. Comunicar por escrito al Titular de la Dependencia u organismo auxiliar en el que presten servicios el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo o las dudas fundadas que le suscite la procedencia de las órdenes que reciba;

 

X. Abstenerse de ejercer las funciones de un empleo, cargo o comisión después de concluido el período para el cual se le designó o de haber cesado, por cualquier otra causa, en el ejercicio de sus funciones;

 

XI. Abstenerse de disponer o autorizar a un subordinado a no asistir sin causa justificada a sus labores por más de quince días continuos o treinta discontinuos en un año, así como otorgar indebidamente licencias, permisos o comisiones con goce parcial o total de sueldo y otras percepciones, cuando las necesidades del servicio público no lo exijan;

 

XII. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley prohiba;

 

XIII. Abstenerse de nombrar, contratar o promover como servidores públicos a personas con quienes tenga parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o civil, y que por razón de su adscripción dependan jerárquicamente de la unidad administrativa de la que sea titular. Cuando al asumir el servidor público el cargo o comisión de que se trate, y ya se encontrare en ejercicio de una función o responsabilidad pública el familiar comprendido dentro de la restricción prevista en esta fracción, deberán preservarse los derechos previamente adquiridos por éste último. En este caso, el impedimento será para el fin de excusarse de intervenir, en cualquier forma, respecto del nombramiento de su familiar;

 

XIV. Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tengan interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte;

 

XV. Informar por escrito al Jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación o resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;

 

XVI. Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir por sí o por interpósita persona, dinero, objeto mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate tenga en el mercado ordinario o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas física o a las que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta una año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión;

 

XVII. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIV;

 

XVIII. Abstenerse de intervenir o participar en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción, de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar de alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a la que se refiere la fracción XIII;

 

XIX. Presentar con oportunidad y veracidad la Manifestación de Bienes en los términos que señala la Ley.

 

XX. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de la Secretaría de la Contraloría o del órgano de control interno conforme a su competencia;

 

XXI. Supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección, cumplan con las disposiciones de este artículo e informar por escrito ante el superior jerárquico u órgano de control interno los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a advertir respecto de cualquier servidor público, que puedan ser causa de responsabilidad administrativa en los términos de esta Ley, y de las normas que al efecto se expidan.

 

Cuando el planteamiento que formule el servidor público a su superior jerárquico deba ser comunicado a la Secretaría de la Contraloría, el superior procederá a hacerlo sin demora, bajo su estricta responsabilidad, poniendo el trámite en conocimiento del subalterno interesado. Si el superior jerárquico omite la comunicación a la Secretaría de la Contraloría, el subalterno podrá practicarla directamente informando a su superior acerca de este acto;

 

XXII. Abstener de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público;

 

XXIII. Abstener de impedir, por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, la formulación de quejas y denuncias; o que con motivo de las mismas, realice cualquier conducta injusta u omita una justa y debida, que lesione los intereses de los quejosos o denunciantes;

 

XXIV. Proporcionar en forma oportuna y veraz, la información y datos solicitados por la Institución a la que legalmente le competa la vigilancia y defensa de los derechos humanos, a efecto de que ésta pueda cumplir con sus atribuciones;

 

XXV. Abstenerse, en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, de celebrar o autorizar pedidos o contratos relacionados con adquisiciones enajenaciones, arrendamientos y mantenimientos de bienes muebles e inmuebles y la contratación de servicios y de obra pública, o bienes con las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y especifica de la Secretaría, conforme a las disposiciones legales aplicables al Titular de la Dependencia, Organismo Descentralizado, Empresa de Participación de que se trate o Fideicomiso Público.

 

Por ningún motivo podrá celebrarse pedido o contrato alguno con quien se encuentre inhabilitado para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

 

XXVI. Cumplir con la entrega del despacho a su cargo, en los términos que establezca las disposiciones legales o administrativas que al efecto se señalen;

 

XXVII. Proporcionar, en su caso, en tiempo y forma ante las dependencias competentes, la documentación comprobatoria de la aplicación de recursos económicos federales, estatales o municipales, asignados a través de los programas respectivos;

 

XXVIII. Proporcionar el apoyo, asistencia y atención que requiera el órgano de control interno de la dependencia, organismo auxiliar, fideicomiso o ayuntamiento, a efecto de que pueda cumplir con las atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables;

 

XXIX. Abstenerse de contratar como servidor público a quien se encuentre inhabilitado para desempeñar algún empleo, cargo o comisión en el servicio público o a quien se encuentre sujeto a un procedimiento administrativo;

 

XXX. Abstenerse de tramitar o intervenir como abogado, representante, apoderado o en cualquier otra forma semejante en la atención de asuntos de los que haya tenido conocimiento, tramitado o que se encuentren en el área en la cual se desempeño como servidor público. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que el servidor público se haya retirado del empleo, cargo o comisión; y

 

XXXI. Las demás que le impongan las leyes y disposiciones reglamentarias o administrativas.

 

Artículo 43.- Se incurre en responsabilidad administrativa disciplinaria, por el incumplimiento de cualesquiera de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, dando lugar a la instrucción del procedimiento administrativo ante los órganos disciplinarios y a la aplicación de las sanciones que en esta ley se consignan, atendiendo a la naturaleza de la obligación que se transgreda.

 

La responsabilidad administrativa disciplinaria, tiene por objeto disciplinar y sancionar las conductas de los servidores públicos que infrinjan alguna de las disposiciones administrativas contenidas en el artículo anterior, con independencia de otra responsabilidad de cualquier naturaleza; inclusive de la responsabilidad administrativa resarcitoria.

 

Artículo 44.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por Secretaría, a la Secretaría de la Contraloría.

 

Para los mismos efectos, en el Poder Ejecutivo se entenderá por superior jerárquico al titular de la dependencia correspondiente y en los organismos auxiliares y fideicomisos públicos al coordinador del sector, quienes aplicarán las sanciones disciplinarias cuya imposición se deriva de esta ley.

 

En los poderes Legislativo y Judicial, serán superiores jerárquicos para efectos de esta ley, el Presidente de la Gran Comisión y el Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado, respectivamente, quienes aplicarán las sanciones disciplinarias que establece la misma, salvo lo que dispongan sus respectivas leyes orgánicas.

 

En el gobierno municipal se entenderá por superior jerárquico al presidente municipal, quien aplicara las sanciones disciplinarias derivadas de esta ley.

 

CAPITULO III

Sanciones Disciplinarias y Procedimiento

Administrativo para aplicarlas

 

Artículo 45.- En las dependencias de la Administración Pública, en los organismos auxiliares y fideicomisos públicos y en los Ayuntamientos, se establecerán módulos específicos a los que el público tenga fácil acceso, para que cualquier interesado pueda presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, con las que se iniciará, en su caso, el procedimiento disciplinario correspondiente.

 

Dichas quejas o denuncias se remitirán a la Secretaría en un plazo que no exceda de cuarenta y ocho horas, quedando facultada la propia Dependencia para establecer las normas y procedimientos para que las instancias del público sean atendidas y resueltas, salvo las relativas a las quejas y denuncias contra los servidores del Gobierno Municipal, serán fijadas por los Ayuntamientos respectivos.

 

Lo propio harán, en la esfera de su competencia los Poderes Legislativo y Judicial a través de sus organismos competentes.

 

Artículo 46.- La Secretaría, el superior jerárquico y todos los servidores públicos, tienen la obligación de respetarla y hacer respetar el derecho a la formulación de quejas y denuncias a que se refiere el artículo anterior y evitar que con motivo de las mismas se causen molestias indebidas a los quejosos o denunciantes.

 

Artículo 47.- El Consejo de la Judicatura, establecerá los órganos y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades de los servidores públicos,  del Poder Judical derivadas del incumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo 42 de la presente ley, así como aplicar las sanciones contempladas en el presente Capítulo, por conducto del superior jerárquico, en los términos de su correspondiente Ley Orgánica.

 

Lo propio hará la Legislatura, respecto a sus servidores y conforme a la Legislatura respectiva; siendo también competente para identificar, investigar y determinar las responsabilidades a que se refiere este artículo, tratándose de Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos, así como para aplicarles las sanciones que correspondan en los términos de esta Ley.

 

Los ayuntamientos establecerán los órganos y sistemas respectivos en los términos del primer párrafo de este artículo para aplicar sanciones disciplinarias, previa instrucción de los procedimientos por el Organo de Control Interno Municipal.

 

Artículo 48.- Los servidores públicos de la Secretaría, que incurra en responsabilidad administrativa, serán sancionados conforme al presente Capítulo por el órgano que disponga el reglamento interior.

 

Artículo 49.- Las sanciones por responsabilidad administrativa disciplinaria consistirán en:

 

I. Amonestación;

 

II. Suspensión del empleo, cargo o comisión;

III. Destitución del empleo, cargo o comisión;

 

IV. Sanción económica;

 

V. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.

 

Cuando la inhabilitación se imponga como consecuencia de un acto u omisión que implique lucro al servidor público o cause daños y perjuicios a la administración pública, será de uno en diez años, si el monto de aquéllos no excede de quinientas veces el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado y de diez a veinte años si excede de dicho límite.

 

Para que una persona que hubiere sido inhabilitada en los términos de Ley, pueda volver a desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público una vez transcurrido el plazo de la inhabilitación impuesta, se requerirá que el Titular de la Dependencia, Organismo Descentralizado, Empresa de Participación o Fideicomiso Público de que se trate, solicite autorización a la Secretaría.

 

La contravención a lo dispuesto por el párrafo que antecede será causa de responsabilidad administrativa para el Titular de la Dependencia, Organismo Descentralizado, Empresa de Participación o Fideicomiso Público en los términos de esta Ley, quedando sin efecto el nombramiento o contrato que en su caso se haya realizado.

 

VI. Arresto hasta por 36 horas en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado.

 

Artículo 50.- Derogado.

 

Artículo 51.- Cuando se trate de sanciones económicas por beneficios obtenidos, o por daños y perjuicios causados por incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 42 de esta ley, se impondrán de uno a tres tantos de los beneficios obtenidos y de los daños y perjuicios causados.

 

Dichas sanciones económicas, se pagarán una vez determinadas en cantidad líquida, en su equivalencia en salarios mínimos vigentes al día de su pago, conforme al siguiente procedimiento:

 

I. La cantidad líquida de la sanción económica impuesta, se dividirá entre el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado al día de su imposición; y

 

II. El cociente se multiplicará por el salario mínimo mensual vigente en la capital del Estado al día de pago de la sanción.

 

Para los efectos de esta Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces al salario mínimo diario vigente en la capital del Estado.

 

Artículo 52.- La Secretaría y los órganos de control interno de las dependencias, de los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, serán competentes para identificar, investigar y determinar las responsabilidades de los servidores públicos, así como para imponer las sanciones disciplinarias  a que se refiere el artículo 49 de esta ley.

 

Tratándose de presidentes municipales, regidores y síndicos, la imposición de las sanciones a que se refiere este artículo, corresponde a la Legislatura, y respecto a los demás servidores públicos municipales, su aplicación corresponde al presidente municipal en términos del tercer párrafo del artículo 47 de esta ley.

 

Artículo 53.- Los servidores públicos deberán denunciar por escrito el órgano de control interno de su dependencia, organismo auxiliar o fideicomiso público, los hechos que a su juicio impliquen incumplimiento de obligaciones a los servidores públicos sujetos a su dirección.

 

El órgano de control interno de la dependencia, organismo auxiliar o fideicomiso público, determinará si existe o no responsabilidad administrativa, e impondrá las sanciones correspondientes en su caso.

 

El superior jerárquico, enviará a la secretaría, copia de las denuncias cuando se trate de infracciones graves, o en su concepto, por la naturaleza de los hechos denunciados, la Secretaría deba conocer el caso o participar en las investigaciones.

 

Tratándose de denuncias en contra de los servidores públicos de los poderes Legislativo y Judicial, o de los municipios, las mismas se presentarán ante sus respectivos órganos competentes para determinar la responsabilidad e imponer la sanción que proceda.

 

Artículo 54.- La Secretaría aplicará las sanciones correspondientes a los titulares y a los servidores públicos adscritos a los órganos de control interno de las dependencias, organismos auxiliares y fideicomisos en su caso, cuando éstos incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.

 

Artículo 55.- Derogado.

 

Artículo 56.- El superior jerárquico o el órgano de control interno de la dependencia ,al tener conocimiento de hechos o elementos que impliquen responsabilidad penal de los servidores públicos, darán vista de ellos inmediatamente a la autoridad competente para conocer de los mismos.

 

Artículo 57.- Cuando por motivo de las funciones que realice la Secretaría, resultare responsabilidad de servidores públicos, informará de ello al superior jerárquico para que proceda a su determinación y sanción disciplinaria si fuera de su competencia. En tratándose de responsabilidad mayor cuyo conocimiento sólo compete a la Secretaría, está conocerá directamente del asunto, información al superior jerárquico y al órgano de control interno en su caso, para que coadyuven en el procedimiento de determinación de responsabilidades.

En los casos de que se trate de irregularidades en los supuestos a que se refiere el artículo 72 de esta Ley, se estará a sus disposiciones.

 

Artículo 58.- La Secretaría y el superior jerárquico informando previamente ésta, en los ámbitos de sus respectivas competencias, podrán abstenerse de sancionar al infractor, por una sola vez, cuando lo estimen pertinente, justificando la causa de la abstención, siempre que se trate de hechos que no revistan gravedad no constituyan delito, cuando lo ameriten los antecedentes y circunstancias del infractor, y el daño causado no exceda de doscientas veces el salario mínimo diario vigente en la capital del Estado.

 

Lo anterior, es aplicable a los Poderes Judicial y Legislativo, como también a los Ayuntamientos a través de sus órganos competentes.

 

Artículo 59.- Las sanciones administrativas disciplinarias se impondrán mediante el siguiente procedimiento:

 

I. El procedimiento administrativo disciplinario se inicia cuando se notifica al presunto responsable el oficio por el que se le da a conocer el lugar, día y hora en que se realizará la audiencia, la responsabilidad o responsabilidades que se le imputen y su derecho a ofrecer pruebas y alegar en la misma, por si o por medio de defensor.  A la audiencia, podrá asistir el representante de la dependencia de adscripción que para tal efecto se designe.

 

Entre la fecha de la citación y la de la audiencia, deberá mediar un plazo no menor de 5 ni mayor de 15 días hábiles.

 

En el desahogo de la garantía de audiencia, se podrá interrogar al servidor público sobre todos los hechos y circunstancias que hayan motivado el procedimiento administrativo y sean conducentes para el conocimiento de los hechos;

 

II. Al concluir la audiencia o dentro de los treinta días hábiles siguientes, se resolverá sobre la inexistencia de responsabilidad o se impondrá al infractor las sanciones administrativas correspondientes, notificándose la resolución dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al interesado, a su jefe inmediato, al representante designado por la dependencia y al superior jerárquico.

 

De existir responsabilidad administrativa de uno a varios servidores públicos, podrá determinarse la responsabilidad de los particulares, cuando hayan participado con los servidores públicos en las irregularidades que determinaron la responsabilidad resarcitoria por daños, perjuicios o beneficios obtenidos indebidamente en detrimento del erario estatal o municipal, quienes tendrán el derecho de comparecer durante el procedimiento e interponer los recursos previstos en la ley.

 

III. Si la audiencia se desprende que no existen elementos suficientes para resolver, se actuará en consecuencia, si se advierten elementos que impliquen la configuración de otras causales de responsabilidad administrativa con cargo al presunto responsable, otros servidores públicos o personas, se podrá disponer la práctica de investigaciones y citar para otra u otras audiencias, notificando en ese momento al presunto responsable las nuevas infracciones administrativas que se le atribuyan y en su caso, a los otros presuntos responsables para continuar con el procedimiento.

 

Iniciado el procedimiento administrativo y de existir elementos suficientes que determinen un daño o beneficio indebido en detrimento del erario estatal o municipal, la autoridad ejecutora del posible crédito fiscal a solicitud de la Secretaría o del órgano de control interno podrá trabar embargo precautorio para asegurar la reparación del daño o perjuicio causado, pero en todos los casos el depositario será el presunto responsable.

 

IV. En cualquier momento, previo o posterior al citatorio a que se refiere la fracción I, se podrá determinar, tratándose de servidores públicos, la suspensión temporal de los presuntos responsables de su cargo, empleos o comisiones, cuando causen perjuicio a la administración pública, si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones. Dicha suspensión no podrá exceder de 30 días.

 

La suspensión temporal a que se refiere el párrafo anterior, interrumpe los efectos del acto que haya dado origen al empleo, cargo o comisión y regirá desde el momento que sea notificada al interesado o éste quede enterado de la resolución por cualquier medio.

La suspensión cesará, cuando así lo resuelva la autoridad instructora, independientemente de la iniciación, continuación o conclusión del procedimiento a que se refiere este artículo.

 

Si los servidores públicos suspendidos temporalmente, no resultaren responsables de la falta que se les atribuye, serán restituidos en el goce de sus derechos y se les cubrirán íntegramente las percepciones que debieron recibir durante el tiempo de la suspensión dictada por el órgano competente, por el superior jerárquico.

 

Se requerirá autorización del Gobernador del Estado o del H. Ayuntamiento para dicha suspensión, cuando el nombramiento del servidor público de que se trate hubiese sido realizado por éstos, igualmente se requerirá autorización de la Legislatura, o en su caso de la Diputación Permanente, si dicho nombramiento requirió ratificación de estás, en los términos de la Constitución Política del Estado.

 

Artículo 60.- En los procedimientos disciplinarios ante el superior jerárquico o los órganos de control interno se observarán en lo conducente las prescripciones y formalidades a que se refieren los artículos precedentes, particularmente los del artículo 59 de esta Ley, excepto en la amonestación.

 

Serán aplicables dichas prescripciones y formalidades a los procedimientos  disciplinarios que se sigan ante los Poderes Judicial y Legislativo, sin perjuicio de lo que establezcan sus Leyes Orgánicas.

 

Es también aplicable en lo conducente, lo dispuesto por este artículo, en tratándose de los procedimientos disciplinarios que se instruyan en los Ayuntamientos, respecto a los servidores públicos municipales.

 

Artículo 61.- El titular de la dependencia, organismo auxiliar o fideicomisos público que corresponda a la adscripción del servidor sujeto al procedimiento disciplinario, podrá designar un representante que asista a las diligencias, dándosele vista de todas las actuaciones.

 

Artículo 62.- Se levantará acta circunstanciada de todas las diligencias que se practiquen, recabando las firmas de quienes participen o intervengan en ellas, haciéndose los apercibimientos en términos de Ley a quienes declaran con falsedad ante la autoridad competente.

 

Artículo 63.- Las resoluciones y acuerdos que emitan los órganos disciplinarios durante el procedimiento al que se refiere este Capítulo, constarán por escrito.

 

Las resoluciones imponiendo sanciones se inscribirán en un registro que llevará la Secretaría particularmente las de inhabilitación.

 

Artículo 64.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los ayuntamientos, organismos auxiliares y fideicomisos públicos, deberán solicitar por escrito a la Secretaría informes sobre la existencia de registro de inhabilitación de las personas que pretendan desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

 

La contravención a lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa de responsabilidad administrativa y el nombramiento o contrato que se haya realizado quedará sin efectos.

 

La Secretaría, con base en el registro de sanciones podrá informar sobre la existencia de estas, diversas a la inhabilitación.

 

Artículo 65.- Contra los actos y resoluciones administrativas que dicten o ejecuten las autoridades competentes, en aplicación de la presente ley, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso de inconformidad ante la propia autoridad que emitió el acto, o el Juicio Contencioso Administrativo, de conformidad con el Código de Procedimientos Administrativos ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México.

 

El Juicio Contencioso Administrativo no procederá en contra de los actos y resoluciones que emitan o ejecuten los Poderes Legislativo y Judicial, sus órganos y dependencias.

 

Artículo 66.- Derogado.

 

Artículo 67.- Derogado.

 

Artículo 68.- Las sanciones administrativas de amonestación, la económica y las responsabilidades resarcitorias, se ejecutarán al quedar firme la resolución y se llevarán a cabo de inmediato en los términos que disponga.  La suspensión, destitución o inhabilitación se ejecutarán al notificarse la resolución y se considerarán de orden público.

 

Las sanciones económicas que se impongan, constituirán créditos fiscales del Erario Estatal o Municipal en su caso, se harán efectivas mediante el procedimiento económico coactivo de ejecución, tendrán la prelación prevista para dichos créditos y se sujetarán en todo a las disposiciones fiscales aplicables en la materia.

 

El superior jerárquico será competente para ejecutar las resoluciones administrativas por las que se impongan las sanciones de amonestación, suspensión y destitución.

 

La sanción de inhabilitación se ejecutará por la Secretaría, el Consejo de la Judicatura, el Presiente de la Gran Comisión o los presidentes municipales.

 

Las sanciones impuestas que no se ejecuten por el superior jerárquico, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la Secretaría llevará a cabo su ejecución; la falta de cumplimiento a la resolución, será causa de responsabilidad y se iniciará procedimiento administrativo en contra del superior jerárquico o del servidor público que le correspondiere llevar a cabo su ejecución.

 

Cuando por resolución firme, un servidor público resultare absuelto y haya lugar a la restitución de derechos o indemnización, la Secretaría supervisará que el superior jerárquico del servidor cumpla con la resolución.

 

Artículo 69.- Cuando durante la instrucción del procedimiento relativo, el servidor público confesare su responsabilidad, se procederá de inmediato a dictar la resolución, salvo en el caso de que la autoridad que conozca del procedimiento disponga la recepción de pruebas para acreditar la veracidad de la confesión. De aceptarse la plena validez probatoria de la confesión, se impondrán dos tercios de la sanción aplicable si es de naturaleza económica, salvo en el caso de causación de daños y perjuicios a la Hacienda Pública que deberá ser suficiente para indemnizar o resarcir los daños y perjuicios causados. En todo caso, deberá restituirse cualquier bien o producto que se hubiese percibido con motivo de la infracción.

 

Artículo 70.- Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere esta Ley, las autoridades podrán emplear los siguientes medios de apremio;

 

I. Sanción económica de hasta veinte veces el salario mínimo diario vigente en la Capital del Estado;

 

II. Auxilio de la fuerza pública.

 

Si existe resistencia al mandamiento legítimo de autoridad, se estará a lo que prevenga la Legislación Penal.

 

Artículo 71.- Las facultades del superior jerárquico y de la Secretaría para imponer las sanciones que esta Ley prevé, se sujetará a lo siguiente:

 

I. Prescribirán en un año, si la sanción administrativa disciplinaria a imponer es de amonestación, suspensión del empleo, cargo o comisión, la destitución y la inhabilitación, cuando no se impongan con una sanción económica o se finque una responsabilidad resarcitoria;

 

II. Prescribirán en tres años:

 

a)    Para imponer la sanción económica, que establece el artículo 49 fracción IV de esta Ley;

 

b)    Para imponer la sanción pecuniaria por omisión o extemporaneidad, en la presentación de la manifestación de bienes en los plazos establecidos;

 

c)    Para fincar responsabilidad administrativa resarcitoria;

 

d)    Para imponer la amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, si de la responsabilidad se deriva que existe beneficio obtenido daño o perjuicio causado a los fondos, valores, recursos económicos del Estado, municipios, o de aquellos concertados o convenidos con la federación y los municipios o al patrimonio de los organismos auxiliares y fideicomisos públicos.

 

El plazo de prescripción se contará a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera incurrido en la responsabilidad o a partir del momento en que hubiese cesado, si fue de carácter continuo.

 

La prescripción se interrumpirá por cada trámite que las autoridades realicen y le sea notificada al presunto responsable.

 

En todo momento la Secretaría o el superior jerárquico podrán hacer valer la prescripción de oficio.

 

CAPITULO IV

Del  Fincamiento de Responsabilidades

Administrativas Resarcitorias

 

Artículo 72.- Las responsabilidades administrativas resarcitorias, tendrán por objeto reparar, indemnizar o resarcir los daños y perjuicios que se causen a la Hacienda Pública Estatal o Municipal, así como al patrimonio de los organismos auxiliares y fideicomisos públicos, mismas que se fijarán en cantidad líquida exigiéndose se solventen de inmediato.

 

Estas responsabilidades se harán efectivas mediante el procedimiento administrativo de ejecución, y en su carácter de créditos fiscales, tendrán la prelación que corresponda, en los términos de los ordenamientos fiscales aplicables.

 

Tratándose de servidores públicos, además de lo dispuesto por este artículo procederá en su caso, la aplicación de sanciones administrativas disciplinarias en los términos del Capítulo Tercero de este Título.

 

Artículo 73.- La Secretaría, en funciones de auditoría, fiscalización, control, vigilancia e inspección como instrumentos y mecanismos de que dispone en el ejercicio de sus atribuciones, actuando directamente o a través de los órganos de control interno, podrá fincar pliegos preventivos de responsabilidad, cuando detecte irregularidades por actos u omisiones de servidores públicos en el manejo, decisión, autorización, recepción, aplicación, administración de fondos, valores y de recursos económicos del Estado o de aquellos concertados o convenidos con la federación y los municipios, que se traduzcan en daños y perjuicios estimables en dinero, causados a la Hacienda Pública del Estado, del municipio o al patrimonio de sus organismos auxiliares y fideicomisos públicos.

 

La Secretaría se sujetará a lo dispuesto por el artículo 41 de esta Ley.

 

La Secretaría es competente para fincar responsabilidades administrativas resarcitorias a presidentes, tesoreros y demás servidores públicos municipales, en los términos del párrafo anterior cuando se trate de fondos, valores y recursos económicos del Estado o de los concertados o convenidos con la federación y los municipios.

 

Artículo 74.- Las responsabilidades a que alude el artículo anterior, se fincarán:

 

I. A los servidores públicos que hayan cometido las irregularidades administrativas;

 

II. A los servidores que por la índole de sus funciones hayan omitido la revisión o autorizado los actos irregulares; y

 

III. A los proveedores, contratistas o particulares que por virtud de los actos o contratos que realicen con el Estado, se afecten los recursos económicos a que se refiere el artículo anterior.

Los presuntos responsables garantizarán con el embargo precautorio en forma individual el importe de los pliegos preventivos, a reserva de la calificación o constitución definitiva de la responsabilidad.

 

Artículo 75.- El fincamiento o constitución definitiva de responsabilidades que regula este capítulo, será resuelto por la Secretaría o por el órgano de control interno correspondiente.

 

Para el fincamiento que alude el párrafo anterior deberá estarse al procedimiento administrativo que establece el artículo 59 de esta ley ya sea que las confirme, modifique o cancele.

 

Son aplicables estas disposiciones a los servidores públicos de los poderes Legislativo y Judicial y de los municipios, observándose lo dispuesto en el artículo 60 de esta ley.

 

Artículo 76.- La Secretaría podrá dispensar las responsabilidades relativas en los términos del artículo 58 de esta Ley.

 

La propia Secretaría podrá cancelar los créditos derivados del fincamiento de responsabilidades que no excedan de doscientas veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado, por incosteabilidad práctica de cobro.

 

Artículo 77.- Las facultades de la autoridad para construir responsabilidades en los términos de este capítulo, prescriben en la misma forma que para los créditos fiscales establecen las leyes de la materia.

 

 

TITULO CUARTO

 

CAPITULO UNICO

Del Registro Patrimonial de

los Servidores Públicos

 

 

Artículo 78.- La Legislatura del Estado, el Consejo de la Judicatura del Estado llevarán el registro de la manifestación de bienes de sus servidores públicos y la Secretaría el de los servidores públicos del Poder Ejecutivo de conformidad con esta ley y disposiciones aplicables.

 

Para los efectos del registro, cada Poder determinará de conformidad a su legislación, los órganos encargados de ejercer dichas atribuciones, así como los sistemas que se requieran para tal propósito.

 

Artículo 79.- Tienen la obligación de presentar Manifestación de Bienes ante los órganos competentes, en la forma y plazos establecidos por la presente Ley, y bajo protesta de decir verdad:

 

I. Legislatura del Estado: Los Diputados, el Oficial Mayor, todo el personal de la Contaduría General de Glosa y Jefes de Departamentos hasta Directores;

 

II. En el Poder Ejecutivo: los servidores públicos de la administración pública central y del sector auxiliar, desde jefes de departamento hasta los titulares de las dependencias, incluyendo al Gobernador del Estado; Notarios Públicos, Defensores de Oficio y aquellos que manejen, recauden o administren fondos y recursos estatales, municipales o federales y en la propia Secretaría todos sus servidores públicos.

En la Procuraduría General de Justicia: los Agentes del Ministerio Público, sus Secretarios, los Policías Judiciales, los Peritos, jefes de Departamento, hasta su Titular.

 

En los Tribunales Administrativos y del Trabajo: los Magistrados, Jueces, Representantes de Gobierno en las Juntas, Secretarías, Actuarios y Asesores Comisionados.

 

En los Ayuntamientos: Jefes de Departamento o sus equivalentes a la Administración Publica Estatal, Secretarios, Tesoreros, Regidores, Síndicos, Presidentes, así como todos aquellos que manejen, recauden o administren fondos o recursos estatales, municipales o federales.

 

III. En el Tribunal Superior de Justicia: los Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales, Ejecutores y Notificadores de cualquier categoría o designación, los jefes de Departamento hasta los Titulares así como todos aquellos que manejen, recauden o administren fondos o recursos Estatales, municipales o federales.

 

Esta misma obligación la tendrán los servidores públicos que tengan a su cargo, una o más de las funciones siguientes:

 

a) Dirección, supervisión, inspección, auditoría, seguridad, vigilancia, custodia, fiscalización, procuración y administración de justicia y readaptación social;

 

b) Representación legal titular o delegada para realizar actos de dominio, de administración general o de ejercicio presupuestal;

 

c) Manejo de fondos estatales o municipales;

 

d) Custodia de bienes y valores;

 

e) Atención o resolución de trámites directos con el público para efectuar pagos de cualquier índole para obtener licencias o autorizaciones;

 

f) Adquisición o comercialización de bienes y servicios; y

 

g) Efectuar pagos de cualquier índole.

 

Los titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo de los Organismos Auxiliares, Empresas de Participación Estatal o Municipal o de Fideicomisos Públicos, precisarán durante el mes de febrero de cada año, cuales son los servidores públicos obligados a presentar Manifestación de Bienes por tener a cargo una o más de las funciones antes señaladas.

 

En las mismas circunstancias, procederán además en el Poder Legislativo y Judicial y en los Ayuntamientos: así como los Tribunales Administrativos y del Trabajo, por conducto de sus respectivos Presidente.

 

Asimismo deberán presentar Manifestación de Bienes los demás servidores públicos que determinen el Secretario de la Contraloría y el Procurador General de Justicia del Estado, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas.

 

El servidor público que en su Manifestación de Bienes faltare a la verdad en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta ley, será suspendido y cuando su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres meses a tres años.

 

 

Artículo 80.- La Manifestación de Bienes deberá presentarse en los siguientes plazos:

 

I. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión;

 

II. Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del cargo; y

 

III. Durante el mes de mayo de cada año.

 

Si transcurrido los plazos a que hacen referencia las fracciones I y III no se hubiese presentado la Manifestación correspondiente, sin causa justificado se aplicará al servidor público, previa instancia sumaria que conceda garantía de audiencia al omiso o extemporáneo, una sanción pecuniaria consistente de quince días naturales siguientes a la fecha de notificación del citatorio, será  separado de su cargo, previa notificación que de este hecho haga la Secretaría al superior jerárquico o a los titulares de las dependencias o entidades, para que proceda en los términos de la Ley.

 

Para el caso de que se omita la Manifestación contemplada en la fracción II, la Secretaría procederá a la investigación del patrimonio del infractor en los términos del artículo 83 de esta Ley, sin perjuicio de aplicar una sanción pecuniaria consistente de quince días a seis meses del último sueldo base presupuestal percibido por el servidor público o inhabilitarlo por un período de uno a seis años, o ambas sanciones.

 

Igual sanción pecuniaria se aplicará cuando la presentación de esta manifestación se haga de manera extemporánea.

 

Artículo 81.- La Secretaría expedirá las normas y los formatos bajo los cuales el servidor público deberá presentar la Manifestación de Bienes, así como de los manuales e instructivos que señalarán lo que es obligatorio declarar.

 

Artículo 82.- En la Manifestación inicial y final de Bienes se señalarán los bienes inmuebles, con la fecha y valor de adquisición.

 

En las Manifestaciones anuales se señalarán sólo las modificaciones al patrimonio, con fecha y valor de adquisición, en todo caso se indicará el medio por el que se hizo la adquisición.

 

Tratándose de bienes muebles, la Secretaría decidirá, mediante acuerdo general, las características que deba tener la manifestación.

 

La Secretaría podrá realizar análisis contable-financieros de las manifestaciones de bienes presentadas por los servidores públicos, a efecto de determinar la veracidad de su contenido y existencia de un probable incremento en su patrimonio. Si del análisis realizado resultaren irregularidades, iniciará el procedimiento administrativo conforme al artículo 59 de este ordenamiento.

 

Artículo 83.- Cuando los signos exteriores de riqueza sean ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera tener un servidor público, la Secretaría podrá ordenar, fundando y motivando su acuerdo la práctica de visitas de inspección y auditorías. Cuando estos actos requieran orden de autoridad judicial, la propia Secretaría formulará ante ésta, la solicitud correspondiente.

 

Previamente a la inspección o al inicio de la auditoría, se dará cuenta al servidor público de los hechos que motivan estas actuaciones y se le presentarán las actas en que aquellos consten, para que exponga lo que a su derecho convenga.

 

Artículo 84.- El servidor público a quien se practique visita de investigación  o auditoría podrá interponer inconformidad ante la Secretaría contra los derechos contenidos en las actas, mediante escrito que deberá dentro de los cinco días hábiles siguientes a la conclusión de aquellas, en el que se expresarán los motivos de la inconformidad y ofrecerá las pruebas que considere necesario acompañar o rendir dentro de los quince días hábiles siguientes a la presentación del recurso.

 

Todas las actas que se levanten con motivo de la visita deberán ir firmadas por el servidor público y los testigos que para el efecto designe. Si el servidor público o los testigos se negaren a firmar, el visitador lo hará constar, sin que estas circunstancias afecten el valor probatorio que, en su caso, posea dicho documento.

 

Artículo 85.- Serán sancionados en los términos que dispongan el Código Penal los servidores públicos que incurran en enriquecimiento ilícito.

 

Artículo 86.- Para los efectos de esta Ley y del Código Penal, se computarán entre los bienes que adquieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños, los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que acredite que estos bienes los obtuvieron por sí mismos y por motivos ajenos al servidor público.

 

Artículo 87.- Para los efectos de la persecución penal por enriquecimiento ilícito, la Secretaría hará al Ministerio Público, en su caso, declaratoria de que el servidor sujeto a la investigación respectiva, en los términos de la presente Ley, no justificó la procedencia lícita del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquellos sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo en su encargo o por motivos del mismo.

 

Artículo 88.- Los Poderes Judicial y Legislativo, y los Ayuntamientos, actuarán en lo conducente respecto a sus servidores conforme a las disposiciones que se establecen en el presente capítulo.

 

Artículo 89.- Para los efectos de esta Ley, se considera obsequio todo bien que reciban con motivo de sus funciones los servidores públicos, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.

 

 

Artículo 90.- Se prohibe que los servidores públicos reciban para sí o para su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, así como para los padres y hermanos de su cónyuge, obsequios de personas respecto  de los cuales en razón de la función que tengan encomendada, hayan tomado o deban tomar alguna decisión de trámite, despacho o resolución, con el ánimo de beneficiar indebidamente a éstos, dentro de un año anterior a la fecha del obsequio o dentro de un año anterior a la misma.

 

Los obsequios que se hagan de acuerdo con los supuestos anteriores se extenderán cedidos al patrimonio del Estado, al Municipio o al de los organismos auxiliares en su caso, debiendo los servidores públicos hacer entrega de ellos con anterioridad a la decisión a que se refiere el primero de los párrafos de este artículo o dentro de los diez días siguientes a su recepción, según proceda.

Si el servidor público incumple con lo dispuesto en el párrafo anterior, su conducta se castigará como cohecho y será sancionada en los términos de la Legislación Penal.

 

Los obsequios que se hagan a los servidores públicos que no se encuentren en las hipótesis de este dispositivo, deberán ser declarados por éstos en la Manifestación Anual de Bienes cuando el valor unitario de cada obsequio exceda a treinta días de salario mínimo vigente en la capital del Estado.

 

Artículo 91.- En todo lo relacionado al procedimiento administrativo que se regula en los Títulos Tercero y Cuarto de esta ley, son aplicables, en lo conducente, supletoriamente, las disposiciones relativas del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México.

 

 

TITULO QUINTO

De la remoción de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia

y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo por mala conducta

 

Artículo 92.- El Gobernador está facultado, de conformidad con los artículos 77 fracción XV y 133 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, para solicitar ante la Legislatura o en su caso, ante la Diputación Permanente, la destitución de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cuando hayan incurrido en mala conducta.

 

Artículo 93.- Para los efectos del artículo anterior, el Gobernador del Estado o el Consejo de la Judicatura, en su caso, comunicará a la Legislatura, la petición concreta y fundada de destitución del magistrado y acompañará las constancias o datos que demuestren su mala conducta.

 

Artículo 94.- Recibida la comunicación por la Legislatura o la Diputación Permanente en su caso, le pedirá un informe al Magistrado acusado, quien deberá rendirlo dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de aquél en que reciba la comunicación. Este término podrá prorrogarse por un lapso prudente, que en ningún caso excederá de nueve días hábiles.

 

Artículo 95.- Al rendir su informe por parte del Magistrado de que se trate, podrá exponer sus defensas apoyándolas con las pruebas que estime pertinente.

 

Artículo 96.- La falta de informe por parte del Magistrado, será presunción suficiente para que declare fundada la petición de destitución, siempre que exista constancia de que se solicito el informe y que la falta del mismo esté apoyada en razones que la justifiquen.

 

Artículo 97.- Recibido el informe o habiendo transcurrido el término señalado sin haberlo recibido, la Legislatura, sin más trámite declarará por mayoría absoluta del número total de sus integrantes si es o no fundada la petición del Gobernador del Estado o del Consejo de la Judicatura, tomando en consideración las pruebas y argumentos, tanto de estos, como del magistrado acusado, resolviendo lo procedente. La resolución deberá dictarse dentro del término de treinta días naturales a partir de la fecha en que la Legislatura recibió la comunicación del Gobernador del Estado o del Consejo de la Judicatura.

 

Artículo 98.- Si la resolución de la Legislatura, declara infundada la petición del Gobernador del Estado o del Consejo de la Judicatura, así se los comunicará a estos y al magistrado acusado, al día siguiente de haber sido emitida y ordenará el archivo del expediente como asunto concluido.

 

Artículo 99.- Si la resolución de la Legislatura, declara procedente la petición del Gobernador del Estado o del Consejo de la Judicatura, así lo comunicará a éstos y al Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en su caso, y se hará saber al magistrado acusado al día siguiente del fallo, que queda privado del cargo y se procederá a designar al magistrado que lo sustituya.

TITULO SEXTO

De la Indemnización o Reparación de Daños

de los Servidores Públicos

 

Artículo 100.- Derogado.

 

Artículo 101.- Derogado.

 

Artículo 102.- Derogado.

 

 

T R A N S I T O R I O S

 

ARTICULO PRIMERO.- La presente Ley, entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en la «Gaceta del Gobierno».

 

 

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios, de fecha 11 de abril de 1984 y publicada en la «Gaceta del Gobierno» número 81, del 30 de abril del mismo año y se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor rango que se oponga a la presente Ley.

 

ARTICULO TERCERO.- Las Dependencias y los Organismos Auxiliares y Fideicomisos a que se refiere el artículo 45 de esta Ley, establecerán en un plazo no mayor de tres meses contados a partir de la entrada en vigor de la misma, módulos específicos de quejas y denuncias.

 

ARTICULO CUARTO.- El Tribunal Superior de Justicia y la Legislatura, establecerán los órganos y sistemas a que hace referencia el artículo 47 de esta Ley, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del propio ordenamiento. Lo propio harán los Ayuntamientos del Estado.

 

ARTICULO QUINTO.- Por lo que respecta a las Manifestaciones de Bienes efectuadas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, se estará a los dispuesto en las normas vigentes del momento de formularse dichas Manifestaciones.

 

ARTICULO SEXTO.- Los procedimientos para determinar responsabilidades administrativas que se encuentren radicados y en trámite ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, serán resueltos de acuerdo con la Ley de Responsabilidades que se abroga.

 

LO TENDRA ENTENDIDO EL GOBERNADOR DEL ESTADO, HACIENDO QUE SE PUBLIQUE Y SE CUMPLA.

 

Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de Toluca de Lerdo, Méx., a los cinco días del mes de septiembre de mil novecientos noventa. Diputado Presidente.- C. Ing. Carlos Isaías Pérez Arismendi; Diputado Secretario.- C. Lic. Gabriel Ramos Millán; Diputado Secretario.- C. Lic. Elia E. Barrera de Macías; Dip. Prosecretario.- C. Profr. Honorato Ortíz Garibay; Diputado Prosecretario.- C. Mario Edgar Cobos Pérez.- Rúbricas.

 

Por tanto mando se publique, circule, observe y se le dé el debido cumplimiento.

 

 

Toluca de Lerdo, Méx., a 11 de septiembre de 1990.

 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO

 

LIC. IGNACIO PICHARDO PAGAZA

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO

 

LIC. HUMBERTO LIRA MORA

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA

 

LIC. JORGE LOPEZ OCHOA

 

APROBACION:                                                           5 de septiembre de 1990.

 

PROMULGACION:                                                    11 de septiembre de 1990.

 

PUBLICACION:                                                         11 de septiembre de 1990.

 

VIGENCIA:                                                                12 de septiembre de 1990.

 

 

REFORMAS Y ADICIONES

 

DECRETO No. 11.- Por el que se reforman los artículos 3, 42 fracciones XIX y XXI, párrafo primero; 44, 49, 52, fracción II, 55, primer párrafo; 59 fracción II, 65, fracción III, 67, párrafo primero; 71 fracción I, 78, 79 y 90 párrafo primero. Se adiciona el artículo 42, con la fracción XXIV, XXV y XXVI y se recorre la actual fracción XXIV para ser la XXVII. Se deroga el párrafo segundo del artículo 88. Publicado en la Gaceta del Gobierno el día 5 de enero de 1994.

 

DECRETO No. 67.- Por el que se reforma el artículo 64, publicado en la Gaceta del Gobierno el día 11 de enero de 1995.

 

DECRETO No. 14.- Por el que se reforman los artículos 1 en su primer párrafo, 5 en su primer párrafo, 22 en su primer párrafo, 26, 37 en su primer párrafo y 92. Publicado en la Gaceta del Gobierno el día 3 de marzo de 1997.

 

Decreto No. 11. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 7 de febrero de 1997. Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, Artículo Cuarto Transitorio, por el que se derogan los artículos 50, 66, 67 y del 100 al 102; y Artículo Quinto Transitorio por el que se reforma el Artículo 65 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

 

DECRETO No. 80.- Por el que se modifica la denominación del Capítulo Segundo del Título Tercero; se reforman los artículos 3 fracción II, 7 fracciones III y VII; 41,  42 primer párrafo y fracciones XX y XXVII; 43 primer párrafo; 44 segundo, tercer y cuarto párrafos; 47, 49 primer párrafo; 51 primer párrafo; 52, 53, 56, 59 primer párrafo; 71 fracción I y II; 72, 73, 74, 75, 78 primer párrafo, 79 fracción II primer párrafo; 91, 93, 97, 98 y 99. Se adiciona a los artículos 42 las fracciones XXVIII, XXIX y XXX, recorriéndose la actual XXVII para quedar como XXXI; 43 un segundo párrafo; 59 un tercer  a la fracción I y un segundo párrafo a las fracciones II y III; 64 un tercer párrafo; 68 un tercer, cuarto, quinto y sexto párrafos; y 82 un cuarto párrafo. Se deroga el artículo 55. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 21 de diciembre de 1998.

 

DECRETO No. 76.- Por el que se reforman los artículos 65 y 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Publicado en la Gaceta del Gobierno el 28 de junio del 2002, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.